El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que, a partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor un nuevo ajuste en los costos de varios trámites migratorios. La medida responde al impacto de la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, según lo establece la ley presupuestaria impulsada por el presidente Donald Trump el verano pasado.

Estos incrementos llegan pocos meses después de que la agencia implementara un alza general de tarifas en julio, por lo que afectarán nuevamente a solicitantes de permisos de trabajo, casos de asilo y otros procedimientos esenciales dentro del sistema migratorio estadounidense.

Según explicó USCIS en un comunicado, la actualización responde a obligaciones legales y busca garantizar que la agencia continúe operando con los recursos necesarios para procesar trámites de manera eficiente. Aunque los ajustes no son uniformes, la mayoría de los aumentos oscilan entre 5 y 10 dólares, dependiendo del tipo de solicitud.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el costo de la autorización de empleo (EAD), que pasará de 550 a 560 dólares, un incremento moderado que, sin embargo, impactará a quienes dependen de este documento para trabajar legalmente en el país.

Otro ajuste importante recae sobre la tarifa para quienes solicitan asilo, introducida originalmente como parte de la nueva ley presupuestaria. El cobro, establecido inicialmente en 100 dólares, aumentará a 110 dólares. Aunque se trata de un cambio relativamente pequeño, diversas organizaciones han criticado que se cobre a personas que buscan protección humanitaria, aunque la tarifa permanezca entre las más bajas del sistema.

Los incrementos también forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal por actualizar las estructuras de financiamiento de las agencias migratorias, muchas de las cuales dependen casi por completo de las tarifas que pagan los usuarios para mantener sus operaciones. USCIS ha señalado en varias ocasiones que la inflación, los mayores costos administrativos y el aumento en la demanda de servicios han presionado su presupuesto.

Con estos ajustes, la agencia insiste en que podrá seguir reduciendo retrasos, modernizar sistemas y mejorar la atención al público, un punto que ha sido criticado durante años por usuarios y defensores de migrantes. No obstante, el anuncio ha generado preocupación entre quienes realizan trámites múltiples o pertenecen a familias de bajos recursos.

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