El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha anunciado un ambicioso plan de reorganización del Departamento de Estado que implicará la eliminación de decenas de oficinas, la reducción de personal y un cambio radical en la estructura de la diplomacia estadounidense. Bajo la bandera del lema “Estados Unidos Primero”, Rubio busca ajustar la política exterior del país a los intereses nacionales definidos por la presidencia de Donald Trump.
El plan contempla una disminución del 15% del personal dentro del país y la eliminación o fusión de más de 130 oficinas y burós a nivel global. De las 734 divisiones actuales, se pasaría a 602, suprimiendo programas considerados “no alineados” con los objetivos nacionales.
Aunque no se ha detallado si esta reestructuración requerirá una orden ejecutiva de Trump o será implementada por otros medios, el rediseño institucional se da en paralelo a la propuesta de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, que recomendó reducir en casi un 50% el presupuesto del Departamento de Estado y eliminar fondos destinados a organismos como las Naciones Unidas o la OTAN.
Uno de los cambios más controversiales será la desaparición de la oficina del Subsecretario de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos. Esta división, históricamente encargada de promover los valores democráticos y los derechos humanos, será disuelta, y algunas de sus funciones pasarán a formar parte de una nueva oficina centrada exclusivamente en asistencia exterior y ayuda humanitaria.
La reorganización ha generado preocupación entre exfuncionarios diplomáticos y expertos en relaciones internacionales, quienes advierten que estas decisiones podrían debilitar el liderazgo global de EE.UU. y reducir su capacidad de influencia en temas clave como la protección de los derechos humanos, la mediación en conflictos o la defensa de valores democráticos en contextos represivos.
Para algunos observadores, este movimiento encaja con una tendencia preocupante dentro de la administración Trump: el repliegue estratégico de Estados Unidos en favor de una política exterior transaccional, donde se priorizan intereses inmediatos por encima de compromisos históricos y alianzas internacionales.
La eliminación de estructuras dedicadas a la democracia y los refugiados se produce en un momento global marcado por crisis migratorias, conflictos armados y el auge del autoritarismo, lo que muchos consideran un retroceso moral en la postura internacional estadounidense.
Rubio, por su parte, defendió el plan afirmando que “los contribuyentes no deben seguir financiando estructuras obsoletas o iniciativas que ya no responden a la realidad global ni a los intereses vitales de EE.UU.”. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si la supuesta eficiencia administrativa compensará la pérdida de capacidad diplomática y la imagen de liderazgo moral que el país ha proyectado durante décadas.
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