El Gobierno español enfrenta una nueva crisis institucional tras la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar por dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerarlo responsable de un delito de revelación de datos reservados. Además, el alto tribunal le impuso una multa de 7.200 euros y lo obligó a indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La decisión, adoptada por cinco de los siete magistrados, marca un hecho sin precedentes: es la primera vez que un fiscal general en ejercicio es condenado por el Supremo. Las juezas Ana Ferrer y Susana Polo, las dos magistradas de perfil progresista del tribunal, anunciaron que presentarán votos particulares, al discrepar del fallo.

El caso se resolvió con una rapidez poco habitual. Menos de una semana después de que el juicio quedara visto para sentencia, el Supremo adelantó el fallo sin tener aún redactada la resolución completa. Este movimiento inusual refleja el carácter excepcional de un proceso que desde el principio marcó un hito en la justicia española.

García Ortiz fue juzgado por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de González Amador. En ese mensaje, el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía un pacto de conformidad. La difusión pública del contenido ocurrió en marzo de 2024, después de que diversos medios recogieran una versión tergiversada de las negociaciones, señalando falsamente que era la Fiscalía la que ofrecía un acuerdo al empresario.

Aunque no existe prueba directa de que el fiscal general haya filtrado el documento, el Supremo consideró suficientes los indicios para emitir una condena. Sin embargo, el fallo también lo absolvió de otros delitos que se le atribuían, como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.

El tribunal estableció en su adelanto de decisión: “Condenamos a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados (…) e inhabilitación especial para el cargo por dos años.”

Durante el juicio, celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, declararon 40 testigos, incluidos asesores de Ayuso, altos cargos de Moncloa, periodistas y el propio González Amador. Tres reporteros reconocieron haber tenido acceso al correo filtrado, aunque coincidieron en que no fue el fiscal general quien se lo entregó. Todos se ampararon en el secreto profesional para no revelar sus fuentes.

García Ortiz defendió su inocencia hasta el último momento y se negó a dimitir durante todo el proceso. La sentencia, una vez redactada y notificada, lo obligará finalmente a abandonar su cargo.

El caso deja al Gobierno en una posición incómoda y abre un debate sobre la tensión entre instituciones, filtraciones en procesos judiciales y el papel del Ministerio Público en escenarios altamente politizados. Aunque el fallo no es definitivo hasta la publicación completa de la sentencia, sus efectos políticos y jurídicos ya se sienten en el corazón mismo del Estado.

Fuente: El País

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