Cuba avanza en los preparativos para el Censo de Población y Viviendas 2026, un proceso clave para planificar políticas públicas en medio de un panorama demográfico complejo y marcado por la migración interna.
Durante una sesión de la Comisión Gubernamental para la Atención Demográfica, difundida por el Noticiero del Mediodía, el primer ministro Manuel Marrero destacó la urgencia de contar con datos precisos y actualizados, esenciales para la toma de decisiones en áreas como desarrollo territorial, producción de alimentos y servicios sociales.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) ya ha iniciado seminarios preparatorios para el ensayo censal, programado en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, con especialistas de distintos territorios. Este ensayo busca perfeccionar la metodología y logística antes del despliegue nacional, identificando errores y ajustando procedimientos para asegurar la confiabilidad de los resultados.
Uno de los mayores retos señalados por las autoridades es la migración interna, fenómeno que afecta especialmente a las zonas rurales. Según datos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, casi el 30 % de los que se trasladaron del campo en 2024 eran jóvenes de entre 15 y 34 años, lo que agrava la escasez de mano de obra y amenaza la sostenibilidad económica de estos territorios.
El censo de 2026 se plantea como un instrumento estratégico para evaluar cambios en la estructura de la población, incluyendo la distribución por edad, género y ocupación, así como la identificación de necesidades de vivienda y servicios básicos. Los resultados serán fundamentales para ajustar políticas de educación, salud, empleo y planificación urbana.
Los movimientos internos de población y la fuga de jóvenes hacia áreas urbanas podrían dificultar la planificación de recursos y servicios, sobre todo en comunidades rurales donde el envejecimiento poblacional se combina con la disminución de la fuerza laboral.
Con el ensayo censal y los preparativos ya en marcha, las autoridades cubanas buscan garantizar que el conteo sea lo más preciso posible, enfrentando desafíos logísticos, demográficos y sociales que reflejan la compleja realidad de la isla. La información obtenida permitirá, según Marrero, tomar decisiones más acertadas y diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población.
La difícil situación económica de Cuba y la crisis generalizada que atraviesa el país han generado un éxodo masivo de jóvenes hacia otros países, en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Esta migración afecta no solo a quienes abandonan la isla, sino también al desarrollo interno, pues se reduce significativamente la fuerza laboral disponible en sectores estratégicos de la economía, desde la agricultura hasta la industria y los servicios.
El impacto se agrava cuando se trata de jóvenes profesionales, quienes representan una pérdida crítica de capital humano altamente capacitado. Médicos, ingenieros, docentes y técnicos emigran en busca de estabilidad y mejores ingresos, dejando vacíos difíciles de suplir en instituciones esenciales. Este fenómeno pone en riesgo la sostenibilidad de proyectos productivos, limita la innovación y dificulta la planificación de políticas públicas, lo que convierte al Censo 2026 en una herramienta aún más imprescindible para identificar los cambios poblacionales y diseñar estrategias que mitiguen las consecuencias de la fuga de talento en la isla.
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