El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde al Gobierno de Donald Trump para reanudar las deportaciones de inmigrantes a terceros países, incluso cuando estos destinos se consideran inseguros. La decisión, aprobada por seis votos contra tres, revierte la orden de un juez federal que bloqueaba temporalmente la expulsión de ocho personas, entre ellas dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur. La medida supone una victoria significativa para la administración republicana y su estrategia de deportaciones masivas.
Según la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, la resolución reafirma la autoridad legal del Gobierno para ejecutar las expulsiones. “¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!”, declaró tras conocerse el fallo. La orden judicial que quedó suspendida había sido emitida por el juez Brian Murphy, quien argumentó que enviar a los inmigrantes sin garantizarles una defensa adecuada podría exponerlos a tortura y violaciones de derechos humanos.
"Este dictamen judicial refuerza el compromiso del Gobierno de Trump con una política migratoria inflexible, incluso en detrimento de los derechos humanos y del debido proceso legal. El envío de migrantes a países como Sudán del Sur, escenario de violencia prolongada, plantea serias preocupaciones éticas y jurídicas."
Los ocho migrantes afectados permanecían retenidos junto a once agentes migratorios en una base aérea en Yibuti, donde enfrentaban riesgos sanitarios y de seguridad, según los abogados del Gobierno. En su apelación al Supremo, la Casa Blanca alegó que algunos de los expulsados habían cometido crímenes graves y que sus países de origen se negaban a aceptarlos, razón por la cual se buscaban destinos alternativos.
Uno de los casos más controvertidos es el de El Salvador, país con el que Trump alcanzó un acuerdo secreto para recibir a migrantes por un año a cambio de seis millones de dólares. Más de 200 personas han sido enviadas a una prisión de alta seguridad en ese país, muchas sin contacto con familiares ni representación legal.
"Aunque la ley estadounidense prohíbe deportaciones a países donde exista riesgo de tortura, el fallo del Supremo marca una peligrosa flexibilización de ese principio, al permitir la expulsión a lugares reconocidos como inestables, como Sudán del Sur", comentan especialistas.
La medida puede sentar un precedente para futuras deportaciones sin garantías claras, en un contexto de endurecimiento migratorio promovido desde la Casa Blanca.
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