El gobernador Ron DeSantis promulgó una nueva legislación que modifica profundamente las normas que regulan los condominios en Florida, en respuesta al colapso del edificio Champlain Towers South en 2021, que dejó 98 fallecidos.
Esta tragedia desencadenó una oleada de reformas que, según muchos propietarios y legisladores, se tradujeron en regulaciones excesivamente estrictas y cargas económicas insostenibles.
En un intento por corregir esos excesos sin comprometer la seguridad, la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, introduce ajustes importantes en materia de inspecciones estructurales y en las obligaciones financieras de las asociaciones de condominios.
Una de las medidas más relevantes consiste en extender por un año el plazo originalmente impuesto para que los edificios más antiguos completen estudios de integridad estructural. Esta extensión responde a las múltiples dificultades que enfrentan las asociaciones para cumplir con la legislación vigente, especialmente aquellas con recursos limitados.
Además, se autoriza una pausa temporal de hasta dos años en la obligación de financiar los fondos de reserva tras una inspección estructural, permitiendo que las asociaciones prioricen reparaciones urgentes sin la presión de acumular de inmediato grandes sumas de dinero.
"La posibilidad de postergar estas obligaciones ofrece un alivio tangible a miles de propietarios, especialmente a adultos mayores o personas con ingresos fijos, que hasta ahora enfrentaban cuotas de mantenimiento inasequibles."
También se permite sustituir los fondos de reserva tradicionales por líneas de crédito o préstamos, lo que representa una alternativa más flexible y menos onerosa para muchas comunidades residenciales.
La nueva legislación incluye además disposiciones orientadas a mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las asociaciones de condominios, lo que busca empoderar a los propietarios y reducir los abusos administrativos.
De forma complementaria, el proyecto HB 393 introduce cambios en el Programa Piloto de Condominios My Safe Florida, reduciendo del 100 % al 75 % el umbral de aprobación requerido por los propietarios para solicitar subvenciones estatales destinadas a mejorar la resistencia de los edificios ante huracanes.
Además, se exige ahora una participación económica proporcional de las asociaciones, que deberán aportar un dólar por cada dos que reciban del Estado.
"Este conjunto de reformas no sólo refleja una voluntad política de adaptar las normas a la realidad económica de miles de familias, sino que también representa una respuesta estructural al impacto acumulado de eventos como huracanes y deterioro edilicio prolongado."
La firma de la Ley HB 683, por otro lado, introduce medidas que agilizan los procesos de construcción residencial, promueven el uso de nuevas tecnologías como las inspecciones virtuales y establecen tiempos límite para que las autoridades locales procesen permisos y solicitudes, mejorando la eficiencia gubernamental.
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