El caso de Jorge Luis Boada Valdés, preso político cubano condenado a 8 años de privación de libertad por “propaganda enemiga”, pone en evidencia una grave injusticia dentro del sistema penitenciario cubano.
Su delito fue escribir grafitis antigubernamentales en el reparto Lawton en La Habana, una expresión de protesta que le ha costado un castigo desproporcionado y una discriminación sistemática en prisión.
Desde hace un año permanece en un campamento, donde recibe un trato diferenciado que viola sus derechos. Además, es víctima de amenazas y agresiones planificadas por otros reos, lo que obligó a su padre a denunciar ante la jefatura del penal 1580, logrando que finalmente fuera trasladado a otro destacamento y, por el momento, “quedó fuera de peligro”.
Este caso no es aislado, sino un reflejo de la represión política en Cuba que se extiende a numerosos presos que solo ejercen su derecho a expresarse. Como señala Ivette García González en sus denuncias públicas, “una injusticia tras otra” se vive dentro y fuera de las cárceles, y “la opción es alzar la voz y reclamar antes de que sea tarde”.
La denuncia se convierte así en una herramienta de protección para los presos, alertando sobre los abusos y las amenazas a las que están sometidos. Julio Velázquez, otro activista, recalca que “una denuncia protege al preso afectado porque alerta a los agresores que no deben seguir porque podrían enfrentar consecuencias”, a pesar del miedo que paraliza a muchas familias.
La condena de Jorge Luis Boada Valdés a 8 años por simples grafitis es un símbolo de la intolerancia y la falta de libertades en Cuba. Usuarios en redes sociales expresan su indignación y claman por “libertad para todos los presos políticos”.
Se compara al régimen cubano con “el Irán caribeño”, destacando las severas medidas represivas contra quienes expresan disidencia. Esta percepción generalizada de injusticia provoca un rechazo contundente: “abajo la dictadura”, “libertad ya”, son frases recurrentes que reflejan la frustración de quienes apoyan la causa de los presos políticos.
Las voces críticas no solo exigen justicia para Jorge Luis, sino para todos aquellos que sufren detenciones arbitrarias, represión, acoso y violación de sus derechos humanos bajo un régimen que califica de enemigo a su propio pueblo.
El apoyo colectivo en redes sociales, las denuncias públicas y el llamado a la solidaridad internacional son una forma de romper el silencio impuesto y exigir un cambio urgente. Como dice Julio A. Romero, la acusación de “propaganda enemiga” es “la prueba de que ese sistema es enemigo del pueblo”, una realidad que demanda respuestas y un compromiso activo para poner fin a las injusticias.
En definitiva, el caso de Jorge Luis Boada es un ejemplo claro de cómo la represión política, el miedo y la discriminación siguen vigentes en Cuba, y cómo la denuncia pública puede ser una herramienta vital para proteger a quienes se atreven a alzar la voz. La lucha continúa y la exigencia es clara: libertad para todos los presos políticos y respeto a los derechos humanos.
Del perfil de Librado Linares, ingeniero y opositor
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