Un grupo de 30 senadores demócratas en Estados Unidos presentó un proyecto de ley que busca otorgar residencia permanente a ciertos migrantes que han vivido en el país al menos tres años, incluyendo a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la salida forzada diferida.
La iniciativa, introducida el 18 de junio de 2025 por el senador Chris Van Hollen y respaldada por otros legisladores demócratas, representa un intento significativo de ofrecer una solución a la incertidumbre migratoria que afecta a miles de personas.
Aunque el texto oficial del proyecto aún no está disponible para revisión pública, su introducción en el Senado evidencia el interés de algunos sectores políticos en reformar el sistema migratorio estadounidense, que ha sido objeto de controversia y debate durante años.
“El proyecto de ley pretende ofrecer una esperanza a aquellos migrantes que esperan una solución a su situación incierta”, destacó el periodista Daniel Benítez de Univisión.
No obstante, la iniciativa enfrenta un camino complicado. Tras pasar por el Comité Judicial del Senado, debe superar varias etapas y la polarización política representa un gran obstáculo. Actualmente, los demócratas son minoría en ambas cámaras: cuentan con 47 votos en el Senado frente a 53 republicanos, y en la Cámara de Representantes la diferencia es aún mayor. Para que el proyecto avance, sería necesario que al menos cuatro senadores republicanos se sumen a la propuesta, algo que muchos consideran poco probable dado el contexto político actual. Además, el presidente Donald Trump ha expresado en el pasado su rechazo a reformas migratorias que faciliten la legalización de migrantes.
La propuesta, aunque ambiciosa, refleja la división en torno a la política migratoria en Estados Unidos, donde temas como la seguridad fronteriza, el estatus legal de millones de indocumentados y la economía del país se entrelazan en un debate complejo y polarizado.
Este proyecto busca legalización temporal y ciudadanía para beneficiarios de DACA y TPS.
En paralelo, los republicanos han desarrollado su propia iniciativa migratoria, la Ley Dignidad, impulsada por la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar. Esta propuesta, que lleva años en elaboración, ofrece un camino hacia la legalización para aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero con condiciones estrictas.
La Ley Dignidad plantea que quienes hayan vivido en el país al menos cinco años y no tengan antecedentes penales puedan acceder a un permiso de trabajo temporal de siete años. Durante este período, los beneficiarios deberán pagar una restitución de $7,000 como compensación, lo que diferencia esta propuesta de otros proyectos que no contemplan esta multa.
Además, el proyecto contempla un proceso para obtener la ciudadanía dirigido a beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y del TPS. Salazar ha defendido que esta ley no representa una amnistía, sino un “camino de dignidad” para quienes han contribuido con trabajo en el país y merecen una oportunidad para regularizar su situación.
La propuesta republicana busca equilibrar la necesidad de seguridad nacional con la responsabilidad humana y la integración social, aunque enfrenta también críticas y desafíos para ser aprobada en un Congreso marcado por la división partidista y los debates sobre inmigración.
Ambos proyectos reflejan la complejidad del debate migratorio en Estados Unidos y la búsqueda de soluciones que puedan reconciliar los intereses de seguridad, justicia y derechos humanos.
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