La elección del Papa León XIV ha traído consigo no solo la esperanza de una nueva etapa en la Iglesia Católica, sino también una renovada atención sobre su papel en la lucha contra los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Su historial en Perú, cuando aún era el obispo Robert Prevost, presenta una trayectoria ambigua, en la que algunos lo recuerdan como un defensor de las víctimas, mientras que otros lo acusan de haber fallado en brindar justicia.
Según un extenso reportaje del New York Times, León XIV protagonizó dos casos emblemáticos durante su etapa como obispo de la diócesis de Chiclayo, al norte del Perú. En uno, se enfrentó a poderosas estructuras eclesiásticas y apoyó a víctimas de abusos cometidos por miembros del grupo católico ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana. En el otro, fue señalado por no actuar con la contundencia necesaria ante denuncias de tres mujeres que aseguraron haber sido abusadas por sacerdotes cuando eran niñas.
El primero de estos casos lo mostró como un líder valiente. El Sodalicio, fundado en 1971 por el laico Luis Fernando Figari, había ganado gran influencia dentro de la Iglesia peruana y contaba con aprobación pontificia desde el papado de Juan Pablo II. Sin embargo, investigaciones periodísticas y testimonios de exmiembros revelaron una estructura con prácticas sectarias, castigos físicos, manipulación psicológica y una cultura de abuso. Figari fue acusado de usar látigos con puntas, de incitar a ataques de perros, provocar quemaduras con velas y aplicar descargas eléctricas como formas de disciplina.
Prevost —entonces obispo— se distanció de otros jerarcas que protegían o minimizaban estas acusaciones. Organizó encuentros entre las víctimas y líderes eclesiásticos, promovió ayudas psicológicas y presionó para que se ofrecieran compensaciones. Esa actitud fue calificada por muchos sobrevivientes como “heroica”. El grupo fue finalmente disuelto por orden del Vaticano semanas antes de que Prevost se convirtiera en el primer estadounidense en asumir el papado.
No obstante, otro episodio ha puesto en entredicho su compromiso con las víctimas. Tres mujeres de Chiclayo lo denunciaron por haber manejado de forma superficial las acusaciones que presentaron contra dos sacerdotes locales. Uno de ellos, el padre Eleuterio Vásquez, siguió oficiando misas públicas incluso después de que se le prohibiera ejercer durante la investigación. El New York Times verificó imágenes y videos que lo muestran encabezando ceremonias religiosas mientras el caso seguía abierto.
Las denunciantes también criticaron que el obispo asignara como asesor al sacerdote Julio Ramírez, quien minimizó el impacto de sus experiencias y les advirtió que, al no haber habido “penetración”, Roma probablemente no consideraría sus casos prioritarios. “Sé que es traumático lo que has vivido”, dijo Ramírez en una llamada telefónica grabada, “pero como no ha llegado a una violación propiamente… le han dado prioridad a otros casos”.
El Vaticano sostiene que Prevost siguió el procedimiento canónico: realizó una investigación preliminar y envió sus conclusiones a Roma. Sin embargo, defensores de víctimas y organizaciones como la Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes (SNAP) cuestionan la eficacia del sistema actual, que permite que obispos manejen los casos sin supervisión externa y con escasa transparencia. “Los sobrevivientes no confían en él”, afirmó Peter Isely, miembro fundador de SNAP. “Va a tener que ganarse esa confianza, y para eso necesitará actuar con valentía”.
El Times también identificó otro caso en la diócesis de Chiclayo: un sacerdote acusado de abusar de un menor pudo continuar ejerciendo funciones clericales durante años, a pesar de una orden eclesiástica que le prohibía hacerlo. Estas omisiones, señalan los críticos, son parte del patrón de encubrimiento que ha debilitado gravemente la credibilidad de la Iglesia en las últimas décadas.
Actualmente, el Vaticano carece de una política de tolerancia cero universal. Solo algunas conferencias episcopales, como la de Estados Unidos, han establecido que cualquier sacerdote declarado culpable de abuso o de encubrimiento debe ser retirado permanentemente de sus funciones. Activistas exigen que se legisle un protocolo global que incluya la supervisión independiente de obispos y sanciones automáticas para quienes no actúen de forma efectiva.
La elección de León XIV reabre un debate crucial: ¿qué debe hacer la Iglesia para garantizar justicia a las víctimas y evitar nuevos casos de encubrimiento? Para algunos, su actuación frente al Sodalicio indica que podría promover reformas internas profundas. Para otros, los errores cometidos en Chiclayo dejan dudas sobre su voluntad de asumir riesgos cuando se trata de enfrentar a miembros del clero.
“Nunca fue un obispo indiferente, indolente o cobarde”, lo defendió el periodista Pedro Salinas, una de las víctimas del Sodalicio. Pero otros, más escépticos, esperan hechos, no palabras.
El nuevo Papa tiene ante sí la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de demostrar de qué lado de la historia quiere quedar.
Fuente: The New York Times
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