El Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos condenó a ocho años de privación de libertad a Noel Bibeaux Muñoz, un ciudadano implicado en la fabricación y venta de drogas sintéticas, en un juicio que las autoridades calificaron como “ejemplarizante”, en línea con la política de “tolerancia cero” que mantiene el régimen cubano frente a este tipo de delitos.
Según la sentencia, entre noviembre y diciembre de 2024, el acusado viajó a La Habana para adquirir una sustancia vegetal conocida como “químico”, que contenía los potentes cannabinoides sintéticos Dronabinol y MDMB-4en-PINACA. Luego, en su vivienda en Cienfuegos, elaboró entre 80 y 100 dosis individuales que vendía a 250 pesos cubanos cada una.
La Dirección Nacional Antidrogas ya seguía los pasos de Bibeaux cuando se realizó un registro en su domicilio, donde se le incautaron cuatro envoltorios con la droga, la mitad de un cigarrillo presuntamente con restos del estupefaciente, una pipa artesanal, más de 4.600 pesos en efectivo y otros artículos empleados en la distribución del producto.
El tribunal lo halló culpable de delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, amparándose en el artículo 235.1 a) del nuevo Código Penal. Además de la pena de prisión, se le impusieron sanciones accesorias como la pérdida del derecho al sufragio activo y pasivo, la prohibición de ocupar cargos públicos, de salir del país durante el cumplimiento de su condena, y el decomiso de los bienes utilizados en el delito.
La sentencia también destaca que el acusado es reincidente, lo que influyó en la severidad del castigo, y se dictaminó conforme a lo dispuesto en los artículos 42, 52, 59 y 82 del Código Penal vigente.
El Ministerio Público y el propio sancionado tienen derecho a apelar ante el Tribunal Supremo mediante recurso de casación, aunque hasta el momento no se ha informado si se ha iniciado ese proceso.
Las autoridades insisten en que se cumplieron las garantías procesales y los principios del debido proceso durante la audiencia oral y pública. No obstante, el régimen aprovecha este tipo de casos para reforzar su discurso de control y ejemplaridad, subrayando que en Cuba los delitos relacionados con drogas pueden ser castigados con hasta 30 años de cárcel, cadena perpetua o incluso pena de muerte.
En medio de una creciente crisis económica y social que afecta a todos los sectores del país, el gobierno utiliza este tipo de procesos judiciales no solo para aplicar justicia, sino también como estrategia disuasiva y propagandística. La criminalidad relacionada con el consumo o el tráfico de sustancias ilegales parece ir en aumento, reflejo también del deterioro del tejido social y la falta de oportunidades para amplios sectores de la población.
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