Imagínese que le ofrecen un trabajo en el extranjero, pero no le muestran el contrato, tampoco le dicen el lugar de destino, le quitan su pasaporte y además le piden que les entregue entre 75 y 90% de su salario. ¿Lo aceptaría?
Cuba somete a los trabajadores afiliados a su gobierno a las llamadas “Misiones de internacionalización”, un programa gubernamental de exportación de mano de obra, para beneficiarse del trabajo forzado. Más de 800 mil profesionales han sido sometidos a este trabajo esclavo desde 1963, según se ha denunciado ante organismos internacionales.
El régimen cubano ha recibido tres acusaciones de la ONU por trabajo forzoso, una de las formas de esclavitud moderna por la exportación de profesionales. La primera fue hecha por las Relatorías Especiales de Trata de Personas y de Esclavitud el 6 de noviembre de 2019.
El 2 de enero de 2024, la ONU hizo pública la “Carta Acusatoria” que envió al régimen de Cuba acusándolo de trabajo forzoso, vía misiones médicas, de educación, deportivas, culturales, artísticas, de construcción o turismo que realizan fuera de la isla. En ésta acusó a Cuba de abusos cometidos contra los derechos humanos del personal médico y otros profesionales que participan en “Misiones de internacionalización”.
Señala que son reprimidos los derechos a la intimidad y a la libertad (incluidas las de expresión, asociación y circulación) de las y los profesionales cubanos en programas y misiones de migración temporal en países contratantes.
“…Las personas trabajadoras reclutadas muchas veces no tienen información precisa sobre el lugar de destino y de trabajo hasta que llegan al país. Una vez en el exterior, deberán cumplir con la legislación cubana y, entre otras obligaciones, informar a su superior inmediato sobre una relación de pareja con una persona cubana o extranjera.
“Además de notificar cualquier visita familiar o de amigos en la localidad donde una persona trabajadora de Cuba presta servicios, o la intención de contraer matrimonio en el país donde ejerce sus funciones”.
El relator especial citó en su carta que los profesionales denunciaron que son vigilados por funcionarios de Cuba y otros trabajadores; además de no poder conducir, salir de casa después de ciertas horas; no recibir visitas de familiares o amigos o pernoctar fuera del lugar asignado sin autorización previa.
En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador, éste debe devolver al gobierno de Cuba un porcentaje de su salario entre 75% o hasta 90% de su salario mensual, dice la Carta.
El régimen cubano califica a los trabajadores que abandonan el programa sin completarlo como “desertores”, y la ley migratoria de la isla los considera “indeseables”, además de prohibirles regresar a Cuba durante ocho años, impidiéndoles visitar a sus familias. Y para demostrar las violaciones del régimen cubano, que afectan como daño colateral a los menores de edad, el relator citó el artículo 176 del Código Penal cubano, que prevé penas de ocho años de prisión para los profesionales que abandonen su puesto de trabajo o no regresen después de cumplir una misión laboral, lo que les impide reunirse con sus hijos o hijas en ese periodo.
Además, categoriza a los cubanos que no regresan al país en un plazo de 24 meses como personas que han “emigrado” y pierden sus derechos de ciudadanos, así como sus propiedades.
La Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas, que pertenece al Departamento de Estado de EU reportó que, en 2021, el gobierno cubano había sancionado a 40 mil profesionales y en 2022, alrededor de cinco mil menores fueron separados de sus padres.
Pero hay más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el trabajo forzado en cada informe anual de Cuba desde 2020, igual que los informes de Human Rights Watch, Human Rights Foundation o el reporte publicado por el British Medical Journal.
Las denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional y la ONU indican que la mayoría de los trabajadores no se ofrecieron como voluntarios para participar en las “Misiones de internacionalización”. ¿Usted cree lo contrario?
El Departamento de Estado de EU ya impuso restricciones de visado y canceló las visas de funcionarios gubernamentales centroamericanos y brasileños, de sus familiares y exmiembros de la Organización Panamericana de la Salud, por su vinculación con el programa de trabajos forzados.
México no debería de ser cómplice de un gobierno que se beneficia económicamente de esta esclavitud moderna, pero aquí están los médicos cubanos.
(Tomado del diario Excelsior)
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