El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba dictó una condena de ocho años de privación de libertad contra un hombre acusado de tráfico de drogas, tras un proceso judicial que las autoridades calificaron como ejemplarizante.
De acuerdo con la información oficial, la causa 87 de 2025 fue radicada en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, en función de lo Penal. El acusado enfrentó cargos por tráfico de sustancias ilícitas o de efectos similares, específicamente clorhidrato de cocaína y marihuana en forma de picadura vegetal.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el procesado adquiría dichas sustancias y las trasladaba hasta el municipio de Palma Soriano, donde residía y las vendía a precios superiores. Fue finalmente detenido cuando viajaba en un camión rumbo a su localidad, ocasión en la que se le ocupó en uno de los bolsillos del pantalón un envoltorio con siete gramos de cocaína.
El tribunal determinó que los hechos probados encajan en lo previsto en el artículo 235.1 inciso a) del Código Penal cubano, que establece sanciones de entre cuatro y diez años de prisión para el tráfico de drogas. En este caso, la sanción fue fijada en ocho años, dentro del rango medio-alto del marco legal.
Además, se le impusieron sanciones accesorias, como la privación de determinados derechos y el comiso de la droga incautada, conforme a lo estipulado en los artículos 42 y 52 del Código Penal vigente.
El tribunal tuvo en cuenta, como agravantes, que el acusado presentaba mala conducta social y antecedentes penales. En 2012 había sido sancionado por un delito de resistencia a seis meses de privación de libertad, pena que en aquella ocasión fue sustituida por limitación de libertad.
El caso, difundido en medios oficiales, ha sido presentado como un ejemplo de la política represiva del Estado contra el narcotráfico, pero hay que destacar que la represión judicial no ataca las causas de fondo que empujan a personas a involucrarse en estas actividades.
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