La comunidad migrante en California quedó en shock tras el anuncio de ICE sobre la captura de cuatro extranjeros condenados por delitos sexuales, entre ellos un ciudadano cubano. El operativo se desarrolló en San Diego y sacó a la luz antecedentes que estremecen por su brutalidad y el riesgo que representaban para la sociedad.
El cubano fue identificado como Walter Ramírez, quien enfrenta condenas por violación, agresión sexual a un menor bajo efectos de drogas y violencia doméstica. ICE detalló que Ramírez no solo reincidió en conductas violentas, sino que además formaba parte de un grupo de “depredadores” que atacaban a los más vulnerables: los niños.
Junto a él fueron arrestados Eduardo Negrete (México), Hoang Nguyen (Vietnam) y Devin Richardson (Bahamas), todos con condenas previas por delitos sexuales contra menores y en algunos casos por incumplir su registro como delincuentes sexuales.
Lo más alarmante es que uno de ellos residía a metros de una guardería y a dos cuadras de una escuela primaria, exponiendo directamente a decenas de niños.
“No nos equivoquemos: se trata de depredadores que se cebaban con los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”, advirtió Patrick Divver, director de la oficina local de ICE en San Diego. Subrayó que las detenciones eliminan una amenaza inmediata para la seguridad pública, enviando un mensaje claro a quienes creen que sus delitos quedarán impunes.
Los cuatro hombres permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso de deportación. Sin embargo, en el caso del cubano, La Habana se niega a recibir de vuelta a nacionales con antecedentes criminales o que emigraron antes de 2017.
Ante esa negativa, EE.UU. podría enviarlo a un tercer país, una práctica que ya se ha aplicado en otros casos y que genera tensiones diplomáticas.
La noticia no solo reabre el debate sobre la política de deportaciones de EE.UU., sino que también expone la compleja situación de cientos de inmigrantes cubanos con historial delictivo que enfrentan procesos similares.
Mientras tanto, la comunidad exige medidas firmes para evitar que criminales peligrosos encuentren refugio en vecindarios donde familias y niños deberían sentirse seguros.
Estos arrestos reflejan la dura realidad de la inmigración irregular mezclada con delincuencia grave y evidencian la urgencia de políticas efectivas que protejan a la población sin poner en riesgo derechos fundamentales.
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