En lo que va de 2025, Cuba enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora: al menos 33 mujeres han perdido la vida víctimas de feminicidios, un flagelo que refleja la violencia de género estructural que persiste en el país.
Las cifras, recopiladas por organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), muestran un panorama alarmante donde la protección estatal resulta insuficiente y la impunidad se impone.
Recientemente, dos nuevos casos estremecieron a la nación. Yamila Zayas Toledo de 35 años y madre de tres hijos, fue asesinada por su expareja en Torriente, Jagüey Grande, Matanzas. A pesar de que había denunciado amenazas días antes, las autoridades no actuaron para protegerla. Su hija más pequeña presenció el crimen, una imagen que refleja la dimensión traumática de estos actos para familias enteras.
De manera casi simultánea, Dayli Acosta Oceguera de 24 años y madre de tres niñas, fue hallada muerta en el Parque Lenin, La Habana, tras varios días de desaparición. Estos casos no son excepcionales, sino la punta visible de un iceberg de violencia que afecta a miles de mujeres cubanas.
El problema se agrava por el subregistro: se contabilizan además asesinatos de hombres por razones de género, intentos de feminicidio y casos bajo investigación en provincias como Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.
La ausencia de protocolos efectivos y la falta de reconocimiento oficial del término “feminicidio” por parte del estado cubano dejan a las víctimas en total vulnerabilidad, mientras que las organizaciones feministas independientes asumen la difícil tarea de documentar y visibilizar estos crímenes.
Activistas explican que denunciar no debería ser un acto de riesgo y hacen un llamado urgente a la ciudadanía a colaborar con información que permita frenar esta violencia. Sin embargo, enfrentan obstáculos como apagones, restricciones tecnológicas y una creciente criminalización del activismo, que dificultan la comunicación y la denuncia.
El silencio gubernamental ante esta crisis refleja una falta de voluntad política y subraya la necesidad de políticas públicas que protejan a las mujeres y prevengan la violencia de género. Cada feminicidio registrado es un recordatorio del costo humano de la indiferencia institucional y de la urgencia de que Cuba reconozca oficialmente este problema y actúe con firmeza.
Mientras tanto, las familias siguen sufriendo y las organizaciones independientes continúan su labor, intentando que cada historia no quede enterrada en la impunidad.
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