Cuba enfrenta una de sus peores crisis demográficas. La combinación explosiva de un éxodo masivo de jóvenes y el rápido envejecimiento de la población amenaza con hacer colapsar el sistema de pensiones y agravar aún más el frágil panorama económico del país.
Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la isla cerró 2024 con 9.748.007 habitantes, lo que representa una pérdida de más de 300.000 personas respecto al año anterior. Este descenso está directamente relacionado con la migración: más de 850.000 cubanos se han marchado a EE. UU. desde 2022, muchos de ellos en edad productiva.
Al mismo tiempo, el país se convierte en el más envejecido de América Latina y el Caribe, con un 25,7% de la población mayor de 60 años. La baja natalidad, con apenas 71.374 nacimientos en 2024, y una esperanza de vida elevada, aceleran el colapso demográfico.
Frente a esta realidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ha intentado calmar los rumores asegurando que no se modificarán las edades de jubilación, que se mantienen en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, según la Ley 105 de Seguridad Social.
Sin embargo, el propio gobierno reconoce que el contexto ha cambiado, y anunció que entre septiembre y noviembre de 2025 se realizarán consultas para modificar el Código de Trabajo, vigente desde 2014. Participarán trabajadores del sector estatal, privado y emigrados que mantengan vínculos laborales.
Mientras tanto, se anunció que más de 1,3 millones de jubilados recibirán un aumento en sus pensiones a partir de septiembre, con mejoras de hasta 1.528 CUP para quienes hoy cobran menos de 4.000 CUP. Esta medida beneficiará al 79% de los pensionados, pero no corrige el deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación y la devaluación del peso cubano.
Este aumento, que representa 22.000 millones de CUP anuales, podría generar presión inflacionaria, pues no está respaldado por un crecimiento en la productividad ni por ingresos sólidos al presupuesto estatal.
En contraste con la situación de la mayoría de los pensionados, el régimen ha aprobado un aumento sustancial para los militares jubilados, quienes ahora recibirán hasta el 90% del salario de un militar activo, con posibilidad de trabajar y cobrar pensión al mismo tiempo. La reforma al Decreto-Ley 344 fue celebrada por Esteban Lazo Hernández como una “actualización necesaria”, pero es percibida por muchos como una estrategia de fidelización en tiempos de creciente descontento social.
Mientras millones de jubilados intentan sobrevivir con pensiones que no alcanzan ni para alimentos básicos, los exmilitares del régimen reciben una pensión premium y privilegios laborales. La brecha entre cubanos comunes y las élites del poder se ensancha, revelando una Cuba que se queda vieja, vacía y profundamente desigual.