El régimen cubano ha solicitado penas de entre 3 y 7 años de prisión para 16 ciudadanos de la provincia de Granma que participaron en las protestas pacíficas de marzo de 2024, según denunció desde prisión el activista Julio César Vega.
Las acusaciones y peticiones fiscales se producen en un contexto de creciente represión estatal, en medio de una crisis económica que ha dejado a millones de cubanos sin acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos como la electricidad.
Las manifestaciones que estallaron en varias localidades de Granma fueron, como otras en el país, espontáneas y motivadas por el colapso de las condiciones de vida. Los manifestantes exigían respuestas inmediatas ante la escasez, el abandono institucional y los apagones constantes. Sin embargo, lejos de atender las demandas, el régimen respondió con detenciones masivas y ahora, con juicios penales que buscan ejemplarizar el castigo a la disidencia civil.
“Estas peticiones fiscales no son más que una herramienta de intimidación. Son manipuladas para sembrar el miedo y evitar que otros se levanten. Pero el pueblo ha despertado”, declaró Julio César Vega desde la prisión, donde cumple condena por su activismo.
El testimonio de Vega ha sido respaldado por organizaciones independientes de derechos humanos, como Cubalex, que contabilizó al menos 388 actos represivos en ese mes, entre ellos detenciones arbitrarias, amenazas a familiares, cortes del servicio de internet y vigilancia domiciliaria.
Vega, en su mensaje, llamó a la solidaridad internacional y a no abandonar a quienes hoy enfrentan la represión por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente. Subrayó que la lucha por la libertad y la justicia en Cuba no se ha detenido, a pesar del recrudecimiento de las tácticas de control. “Aunque encarcelen nuestros cuerpos, no podrán encarcelar nuestras ideas”, afirmó.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado también la falta de transparencia en los procesos judiciales, el uso de pruebas fabricadas y la denegación del debido proceso para los manifestantes.
Mientras tanto, la situación en Granma y otras provincias sigue deteriorándose, con cortes eléctricos de hasta 18 horas diarias y una inflación que hace inaccesible hasta el más simple de los alimentos.
Las acciones del gobierno cubano en marzo de 2024 han sido comparadas con la ola represiva de julio de 2021, lo que refuerza la percepción de que las autoridades están dispuestas a criminalizar cualquier forma de protesta ciudadana. A pesar de ello, activistas como Vega insisten en que la voz del pueblo cubano no podrá ser silenciada por mucho tiempo.