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La reciente decisión del gobierno uruguayo de revertir el rediseño de su pasaporte ha puesto en crisis a miles de ciudadanos cubanos naturalizados, cuya movilidad internacional quedó seriamente afectada por el nuevo formato implementado desde abril.
El documento omitía el lugar de nacimiento y usaba únicamente el código “URY” para identificar nacionalidad, lo que provocó rechazos en controles fronterizos y negaciones de visados en países como Alemania, Francia y Japón. Para muchos cubanos residentes en Uruguay, el cambio implicó pérdidas económicas, cancelaciones de viajes y truncamiento de oportunidades académicas y laborales.
“Tenía una cita para la visa en Berlín y me la anularon porque el pasaporte no era reconocido. Perdí pasaje y matrícula universitaria”, denunció una joven cubana naturalizada, que planeaba iniciar un máster en Europa.
Ante la presión diplomática y ciudadana, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció que más de 17 mil pasaportes serán reimpresos sin costo, priorizando a quienes puedan acreditar viajes próximos. Sin embargo, el proceso podría tardar semanas, agravando la situación de quienes ya tenían compromisos inminentes.
Organizaciones de apoyo a migrantes, como Cuba-Uy, advierten que la omisión del lugar de nacimiento no solo genera problemas de reconocimiento internacional, sino que también borra las trayectorias migratorias de quienes han logrado regularizar su situación legal. “El documento no puede convertirse en un obstáculo para ejercer derechos ya adquiridos”, enfatizó una vocera del colectivo.
El caso también desató una fuerte polémica política interna. Legisladores de distintos partidos exigieron explicaciones al canciller Mario Lubetkin, calificando la situación como una “crisis diplomática evitable”. Aunque el Ejecutivo mantiene que el formato es jurídicamente válido, ya anunció una revisión técnica del diseño en consulta con organismos internacionales.
Mientras tanto, cientos de cubanos naturalizados enfrentan una realidad incierta: sin pasaporte válido, con trámites demorados y derechos vulnerados por una decisión administrativa mal coordinada.