Un operativo realizado por el Ministerio del Interior (MININT) en el municipio cabecera de Las Tunas dejó como saldo la detención de nueve ciudadanos presuntamente involucrados en el tráfico de drogas, en especial marihuana y el conocido “Kímico”, una mezcla sintética altamente peligrosa que se ha expandido rápidamente por barrios populares en Cuba.
La redada se llevó a cabo en la mañana del lunes 17 de junio en el reparto Santo Domingo, señalado por vecinos como un foco habitual para el consumo y la venta de estas sustancias. Según la nota oficial publicada por medios estatales, las detenciones forman parte de la política de “tolerancia cero” contra los delitos relacionados con estupefacientes que promueve el régimen.
Las autoridades informaron que durante las investigaciones, y con el “apoyo de las organizaciones políticas y de masas”, se logró confirmar la implicación de los acusados en la comercialización de drogas. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre la cantidad de sustancias ocupadas ni se revelaron los nombres de los detenidos.
El “Kímico”, una droga sintética que suele fumarse como marihuana adulterada, ha ganado terreno en varias provincias cubanas, afectando principalmente a jóvenes. Su bajo costo, fácil acceso y alto poder adictivo la han convertido en una amenaza creciente para la salud pública, provocando episodios de intoxicación grave, crisis nerviosas e incluso muertes, según han reportado ciudadanos en redes sociales.
Pese a las constantes campañas del gobierno para mostrar supuestos logros en la lucha contra las drogas, muchos residentes critican que la actuación policial llega tarde y se concentra en pequeños consumidores o revendedores, mientras los grandes distribuidores continúan operando con impunidad.
Además, se ha señalado la falta de transparencia en estos procesos. Al no difundirse datos concretos sobre los acusados o las pruebas ocupadas, y al centrarse los informes oficiales en un discurso de control social más que en la protección real de los ciudadanos, crece la desconfianza entre la población.
El caso permanece bajo investigación, según confirmaron fuentes del MININT. Sin embargo, esta intervención vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural que el gobierno ha minimizado durante años: el incremento del tráfico y consumo de drogas en Cuba, favorecido por la precariedad, la falta de oportunidades y el colapso de los mecanismos de prevención.
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