Este fin de semana quedó en evidencia la diferencia entre la libertad de manifestación en un país democrático y la represión en un régimen autoritario. En Madrid, la última etapa de la Vuelta a España 2025 tuvo que suspenderse debido a protestas propalestinas. Los manifestantes invadieron el recorrido, lanzaron vallas y botellas, poniendo en riesgo a los ciclistas, y dejaron 22 policías heridos. Sin embargo, solo se registraron dos arrestos, lo que evidencia que, incluso ante la violencia, los derechos de los ciudadanos a expresarse son protegidos dentro del marco legal y judicial de España.
En contraste, en Gibara, provincia de Holguín, Cuba, un grupo de vecinos salió pacíficamente a manifestarse por los prolongados apagones que en algunas provincias superan las 20 horas diarias. Los habitantes corearon consignas para exigir electricidad y protestar por la deficiencia de servicios básicos. A pesar de su carácter pacífico, el régimen detuvo al menos a siete personas, quienes fueron trasladadas a la estación policial. La detención de ciudadanos que solo reclamaban derechos fundamentales muestra la realidad de un sistema opresor, donde la protesta ciudadana legítima es criminalizada y los detenidos enfrentan probablemente años de encarcelamiento.
Los testimonios de vecinos indican que la represión en Cuba suele aplicarse de manera calculada: los manifestantes inicialmente no son detenidos durante la protesta, pero días después son arrestados en sus hogares, como forma de intimidación y castigo ejemplar. Este patrón revela cómo la dictadura utiliza la detención y la amenaza prolongada para sofocar cualquier intento de movilización social, incluso cuando esta no implica violencia ni riesgo para terceros.
El contraste con Madrid es marcado: allí, aunque los manifestantes fueron violentos y causaron lesiones a agentes de policía, la respuesta estatal se limitó a controles puntuales y detenciones mínimas. En un sistema democrático, la violencia se sanciona, pero no se criminaliza la expresión ciudadana ni se busca intimidar a la población por ejercer su derecho a manifestarse. En Cuba, por el contrario, la protesta pacífica es interpretada como amenaza al poder, y el aparato represivo actúa con dureza para mantener el control social, sin importar que los ciudadanos solo exijan servicios básicos como electricidad.
Este análisis evidencia cómo el marco institucional y legal determina la manera en que los ciudadanos pueden expresarse. En países democráticos, incluso la protesta con incidentes de violencia recibe protección legal y un debido proceso; en Cuba, el mismo derecho se vulnera sistemáticamente, generando miedo y limitando la participación ciudadana. La comparación entre Madrid y Gibara muestra claramente la disparidad entre un sistema donde los derechos fundamentales son respetados y otro donde la expresión pacífica se convierte en riesgo de encarcelamiento.
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