La administración de Donald Trump vuelve a tensar las políticas migratorias en Estados Unidos al endurecer la controvertida regla de “carga pública”, lo que podría bloquear el camino hacia la residencia permanente para miles de inmigrantes, especialmente aquellos con bajos ingresos o sin apoyo económico sólido.
Un nuevo memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), emitido el 4 de septiembre, instruye a los oficiales a evaluar de forma mucho más estricta factores como edad, salud, ingresos, empleo y nivel educativo para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga para el Estado. Esto marca un retorno a las restricciones que Trump impulsó durante su primer mandato y que habían sido revertidas por el presidente Joe Biden en 2022.
Uno de los puntos clave del nuevo enfoque es la Declaración Jurada de Apoyo: ya no bastará con presentarla, ahora el patrocinador deberá demostrar con documentación detallada que realmente tiene los recursos económicos suficientes para sostener al inmigrante.
Esta exigencia golpea de lleno a familias trabajadoras, muchos cubanos incluidos, que dependen del respaldo de familiares que aún se están estabilizando económicamente en el país. También se incrementa el riesgo legal para los patrocinadores, ya que este compromiso podría ser ejecutado en tribunales federales si no se cumple.
Bajo esta nueva normativa, quienes hayan recibido ayudas públicas, tengan condiciones médicas sin cobertura o empleos inestables, enfrentan mayores obstáculos para lograr la residencia.
USCIS asegura que la evaluación será “caso por caso”, pero exige más evidencias de empleo, seguros de salud y estabilidad económica. Esta política refuerza la intención de Trump de limitar el acceso a beneficios públicos, incluso para inmigrantes legales, en busca de un sistema migratorio más excluyente.
El cambio genera preocupación y confusión entre miles de familias inmigrantes que ya habían comenzado sus trámites bajo normas más flexibles. Se teme que la política provoque un efecto disuasivo, empujando a los inmigrantes a evitar servicios esenciales como atención médica por miedo a perjudicar sus procesos migratorios.
Expertos aconsejan a los solicitantes contar con patrocinadores solventes, reunir documentación adicional y buscar orientación legal profesional para proteger sus casos. Con este giro, el llamado “sueño americano” vuelve a parecer más lejano para muchos.
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