La creciente presencia de drogas en Santiago de Cuba vuelve a encender las alarmas. Esta vez, un hombre fue arrestado en el poblado de Sigua tras ser sorprendido con 950 plantas de marihuana y más de 19,000 semillas de la misma sustancia en su vivienda, según reportó el perfil oficialista Héroes del Moncada, conocido por divulgar operativos de la policía política en la región oriental de la isla.
El detenido, identificado solo como “Pepe” en la publicación, habría montado una amplia siembra de cannabis en el patio de su casa, creyendo que podría evadir la vigilancia de las autoridades. Sin embargo, un operativo sorpresa terminó con su detención y la incautación de toda la plantación.
El caso no es aislado. En los últimos meses, se han multiplicado los reportes de cultivos ilegales y tráfico de drogas en la provincia, por lo que estos incidentes sugieren que el fenómeno ha dejado de ser esporádico para convertirse en una problemática estructural, fuera del control de las autoridades.
La proliferación de cultivos domésticos no solo muestra un debilitamiento del control estatal, sino también el creciente interés de sectores de la población por involucrarse en actividades ilegales como forma de subsistencia en medio de una crisis económica cada vez más aguda. Las plantaciones de marihuana, al igual que la venta clandestina de medicamentos o alimentos, se están convirtiendo en opciones rentables para quienes no encuentran salida en el sistema formal.
A la par del aumento de cultivos, el consumo de drogas también ha crecido en la isla, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Testimonios recogidos en redes sociales y medios alternativos indican que la marihuana circula con facilidad en barrios marginales, escuelas y hasta en eventos públicos, lo que sugiere la existencia de redes de distribución que operan con relativa impunidad.
A diferencia de otras latitudes donde se ha debatido la legalización o el uso medicinal del cannabis, en Cuba el enfoque sigue siendo estrictamente punitivo. No obstante, el aumento sostenido de casos como este pone en entredicho el control del Estado sobre el territorio y evidencia un malestar social que va más allá del narcotráfico: una población empujada a sobrevivir al margen de la ley.
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