Un ciudadano cubano fue condenado a 25 años de privación de libertad por un violento ataque contra su expareja en La Habana, hecho que constituye un intento de feminicidio, aunque este delito no esté oficialmente tipificado en el Código Penal cubano.
La sentencia, emitida por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, incluyó, además de la pena principal, sanciones accesorias como el resarcimiento por los bienes sustraídos durante el ataque.
El hombre irrumpió en el domicilio de la víctima, la amenazó con un arma blanca y la agredió física y verbalmente, provocándole lesiones graves. Además, sustrajo varios objetos personales con la intención de incrementar su patrimonio.
La condena tomó en cuenta la multirreincidencia del agresor como circunstancia agravante, aunque el reporte oficial del Canal Caribe evitó calificar explícitamente la agresión como violencia de género, destacando más la protección de la “tranquilidad ciudadana”.
La falta de reconocimiento del feminicidio en Cuba limita la prevención y protección efectiva de las mujeres. Aunque el gobierno ha creado un registro administrativo de feminicidios, este no es público y carece de transparencia, dificultando el acceso a información confiable y obstaculizando la acción preventiva.
Plataformas independientes como YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas han asumido la tarea de documentar estos crímenes. Estas organizaciones operan con recursos limitados y bajo constante vigilancia, pero continúan trabajando para visibilizar los casos y exigir justicia.
En lo que va de 2025, estas plataformas han reportado 25 feminicidios, incluyendo el caso reciente de una joven asesinada en Centro Habana, presuntamente por su pareja, quien la dejó tendida en el baño y posteriormente se paseó por la zona vendiendo su perro. Casos como este evidencian la urgencia de políticas públicas más efectivas para proteger a las mujeres y sancionar adecuadamente a los agresores.
La invisibilidad del término “feminicidio” en el Código Penal cubano refleja un vacío legal que dificulta la intervención estatal frente a la violencia de género.
Mientras tanto, las iniciativas independientes cumplen un papel crucial al recopilar datos, verificar denuncias y generar conciencia sobre la magnitud de un problema que el régimen mantiene parcialmente oculto.
“La justicia cubana actúa sobre delitos conexos, pero la protección real de las mujeres sigue siendo limitada por la ausencia de reconocimiento oficial del feminicidio”, destacan activistas locales.
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