En Mayarí, Holguín, el nombre de la inspectora Bárbara se ha vuelto sinónimo de abuso de poder y corrupción, según múltiples denuncias de trabajadores del sector privado recogidas por La Tijera.
Lo que debería ser una labor de control y supervisión justa, se ha convertido —según los afectados— en un mecanismo de extorsión que asfixia a pequeños negocios que apenas logran sobrevivir en la actual crisis cubana.
Uno de los testimonios más contundentes lo ofreció el emprendedor Osmel Ramírez, quien relató que en apenas mes y medio de trabajo acumuló multas por más de 45 mil pesos. “Si la sanción mínima es mil y la máxima 16 mil, ella siempre aplica 16 mil. No piensa en el daño que le hace a un negocio que apenas respira”, denunció.
En su caso más reciente, la inspectora habría intentado imponer otra multa de 16 mil pesos por encontrar cigarros en el bolso de un dependiente y plátanos que ni siquiera estaban en venta.
El testimonio de Osmel no es aislado. Yohandra Monagas, otra afectada, asegura que su yerno recibió una multa idéntica “por boberías”, y que la funcionaria actúa con total insensibilidad.
En redes sociales, decenas de cubanos reaccionaron indignados, compartiendo experiencias similares de corrupción institucionalizada: sobornos disfrazados, multas inventadas y presión para cumplir “planes de sanciones” que los propios inspectores deben entregar.
“Ese es el verdadero bloqueo, el de adentro, el que destruye al que trabaja”, coincidieron varios internautas. Otros fueron más lejos, advirtiendo que el abuso genera un clima de resentimiento social que tarde o temprano podría explotar.
Lo más preocupante es que esta situación no es exclusiva de Mayarí. Denuncias similares se repiten en diferentes provincias: inspectores que exigen “regalías” para no multar, mercancía colocada intencionalmente para justificar sanciones y planes institucionales que premian a los inspectores mientras arruinan al trabajador.
En un país donde los altos dirigentes y sus allegados manejan MIPYMES de lujo intocables, los pequeños emprendedores —los que venden pan, frutas o artesanía para sobrevivir— son tratados como enemigos a batir.
La población clama por un alto a estas prácticas, pidiendo justicia y respeto para quienes luchan cada día por sacar adelante a sus familias. Porque mientras se repite el discurso oficial sobre “apoyo al trabajo privado”, la realidad en las calles es un hostigamiento sistemático que condena al fracaso a los más humildes.
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