El cierre parcial del gobierno estadounidense ya muestra sus primeras consecuencias laborales. Más de 7,200 empleados federales presentaron solicitudes iniciales de subsidio por desempleo durante la semana que terminó el 11 de octubre, según datos del Departamento de Trabajo.
Las cifras, publicadas en el sitio oficial del programa de Compensación por Desempleo para Empleados Federales (UCFE), reflejan un notable incremento respecto a semanas anteriores. En la última semana de septiembre, apenas se registraron unas 600 solicitudes, pero el número aumentó a más de 3,000 tras el inicio del cierre, y se duplicó nuevamente una semana después.
El programa UCFE brinda apoyo económico temporal a los trabajadores del gobierno federal que pierden su empleo “por causas ajenas a su voluntad”. Sin embargo, la magnitud del aumento sugiere un impacto considerable de las recientes medidas de reducción de personal implementadas por la administración de Donald Trump.
De acuerdo con declaraciones del director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, más de 10,000 empleados federales podrían verse afectados en las próximas semanas por recortes destinados, según sus palabras, a “optimizar la estructura gubernamental”.
Trump, por su parte, reconoció públicamente que los despidos “serán numerosos” y que estarán dirigidos a funcionarios “alineados con los demócratas”, a quienes responsabilizó por la parálisis administrativa.
Sin embargo, no todos en el sistema judicial comparten esa visión. La jueza federal de distrito Susan Yvonne Illston, con sede en California, emitió esta semana una orden de restricción temporal que impide continuar con los despidos. En su fallo, calificó la actuación del gobierno como “contraria a la ley” y advirtió que se habían aprovechado de la interrupción del gasto público para imponer decisiones arbitrarias.
Illston también señaló que muchos empleados despedidos podrían desconocer su situación, ya que los avisos de cese laboral fueron enviados a las cuentas de correo oficiales, inaccesibles para los trabajadores en licencia sin sueldo durante el cierre.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió las acciones del presidente, asegurando que Trump “posee la autoridad legal para despedir a empleados federales” y calificó a la jueza Illston, designada por el expresidente Bill Clinton, como “otra representante de la izquierda judicial”.
“Estamos 100% seguros de que ganaremos este caso por méritos propios”, afirmó Leavitt ante los medios.
Mientras tanto, miles de familias dependen de los subsidios temporales para sobrellevar la falta de ingresos, a la espera de una resolución que ponga fin al cierre y devuelva estabilidad a la administración pública.
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