La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que intervendrá en el caso presentado por ExxonMobil, que exige una compensación por la nacionalización de sus propiedades en Cuba durante el régimen de Fidel Castro en 1960. La decisión del máximo tribunal podría redefinir el alcance de la Ley Helms-Burton, pieza clave de la política estadounidense hacia la isla.
El litigio se origina en la confiscación de activos valorados en más de 72 millones de dólares, pertenecientes a Standard Oil —antecesora de ExxonMobil—, que incluían una refinería y varias estaciones de servicio. La empresa sostiene que, bajo la Ley Helms-Burton de 1996, tiene derecho a demandar a quienes “trafiquen” o se beneficien de propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Aunque la aplicación de esa ley estuvo suspendida durante más de dos décadas, la administración de Donald Trump reactivó el Título III en 2019, permitiendo que compañías estadounidenses presentaran demandas por las expropiaciones ocurridas tras la Revolución Cubana. Con los intereses y daños triplicados previstos por la legislación, el reclamo de Exxon podría alcanzar cientos de millones de dólares.
El caso se enfrenta, sin embargo, al principio de inmunidad soberana, que protege a los gobiernos extranjeros de ser juzgados en tribunales estadounidenses. Exxon argumenta que la Helms-Burton debe prevalecer sobre esas protecciones, mientras que las entidades estatales cubanas —entre ellas Cimex y Unión Cuba-Petróleo (Cupet)— solicitan la desestimación del caso. Alegan que los tribunales inferiores interpretaron erróneamente la ley.
Este proceso se suma a otros litigios similares, como el de la Havana Docks Corporation, que reclama 440 millones de dólares por la expropiación de un puerto en La Habana y por el uso posterior de sus instalaciones por parte de líneas de cruceros como Carnival y Norwegian. Las navieras se defienden asegurando que los contratos originales habían expirado mucho antes de sus operaciones en la isla.
La atención sobre ambos casos es alta, no solo por las cifras en disputa, sino por su impacto político. Durante el gobierno de Barack Obama, Washington y La Habana habían iniciado un proceso de deshielo diplomático. Pero la etapa de Trump reinstauró una postura más dura, reactivando sanciones y mecanismos legales contra el régimen cubano.
De acuerdo con el calendario judicial, la Corte Suprema emitirá su fallo en la primera mitad de 2026. Mientras tanto, el Departamento de Justicia estadounidense ha expresado su respaldo a la causa, argumentando que “las víctimas de expropiaciones ilegales deben ser compensadas y el gobierno cubano no puede seguir beneficiándose de actos contrarios al derecho internacional”.
El resultado del caso podría sentar un precedente sin precedentes, abriendo la puerta a más demandas de corporaciones y ciudadanos estadounidenses por las confiscaciones ejecutadas tras la Revolución, y redefiniendo el equilibrio entre justicia económica y diplomacia en la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos.
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