Un tribunal de apelaciones en San Francisco dictaminó a favor de la Administración de Donald Trump, lo que significa la eliminación de la protección migratoria conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cerca de 60.000 personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal. La decisión, emitida este miércoles, revoca un fallo anterior que había frenado la medida y devuelve a la incertidumbre a miles de familias que residen en Estados Unidos desde hace décadas.
El TPS fue otorgado inicialmente a los hondureños y nicaragüenses en 1999 tras la devastación provocada por el huracán Mitch, que obligó a migrar a miles de personas. Para los nepalíes, la medida surgió luego del terremoto de 2015, que dejó más de 9.000 víctimas mortales y un país gravemente afectado en su infraestructura. En ambos casos, el programa permitió residir y trabajar legalmente en EE. UU., aunque nunca abrió la vía a la ciudadanía.
El fallo afecta a unos 51.000 hondureños, 3.000 nicaragüenses y 7.000 nepalíes, quienes podrían enfrentar la deportación en los próximos meses. Según la decisión, la protección expirará el 8 de septiembre, fecha límite en que los permisos dejarán de estar vigentes.
La Administración Trump ha sostenido que las condiciones en los países de origen han cambiado respecto al momento en que se concedieron los permisos, por lo que ya no serían necesarias estas protecciones. Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Interior, celebró el fallo asegurando que “el TPS nunca fue diseñado como un sistema de asilo de facto”.
El dictamen genera alarma entre organizaciones defensoras de inmigrantes. La Alianza Nacional por el TPS argumenta que la medida está motivada por criterios discriminatorios y por el compromiso político de Trump de ejecutar la “mayor operación de deportaciones” en la historia del país. Aunque un fallo de la jueza federal Trina Thompson había bloqueado la cancelación al considerar que los beneficiarios no habían cometido delitos y estaban plenamente integrados en sus comunidades, la decisión de la corte de apelaciones deja sin efecto esa protección.
Thompson destacó en su resolución que muchos de los migrantes afectados han vivido en Estados Unidos por más de dos décadas, trabajando, pagando impuestos y formando familias sin otra alternativa legal para regularizar su estatus. Su opinión reflejó la postura de diversos sectores que consideran injusto poner en riesgo la estabilidad de comunidades enteras.
El TPS ha sido un blanco recurrente de la política migratoria de Trump. Bajo su gestión se ha intentado terminar con la protección de cientos de miles de ciudadanos de países como Haití, Venezuela, Ucrania, Afganistán y Camerún. En total, más de un millón de personas han quedado expuestas a perder el amparo legal que habían recibido en EE. UU.
La decisión de San Francisco representa un duro golpe para quienes dependían del TPS para permanecer en el país, muchos de los cuales llegaron siendo niños o formaron familias con ciudadanos estadounidenses. En los próximos días, la corte deberá precisar los pasos a seguir, pero la orden ya provoca un clima de inseguridad y temor entre los beneficiarios, que ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados a países que dejaron atrás hace décadas.
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