La reciente propuesta del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de construir un centro de detención para migrantes en el corazón del Parque Nacional Everglades ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales. El polémico plan, apodado por el propio funcionario como “Alcatraz Caimán” (“Alligator Alcatraz”), ha sido calificado como deshumanizante y alarmante.
A través de sus redes sociales, Uthmeier anunció que el centro estaría ubicado en un antiguo aeropuerto abandonado en los Everglades y que podría estar operativo en tan solo 30 a 60 días. Según detalló, la cárcel tendría capacidad para unas 1,000 personas, aunque no se han ofrecido detalles sobre el costo del proyecto ni quién lo financiaría.
El nombre del centro, inspirado en la histórica prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco —conocida por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del siglo XX—, fue uno de los elementos que más controversia generó.
Adriana Rivera, vocera de la organización FLIP (Florida Immigrant Partnership), expresó su rechazo: “Es indignante cómo este gobierno sigue deshumanizando a nuestras comunidades. Esta cárcel no solo refleja una visión hostil, sino que además sería construida con dinero de los contribuyentes”.
El abogado de inmigración Roberto Peñalver también criticó el lenguaje utilizado por el fiscal. “Asociar un centro de detención con Alcatraz no es solo insensible, es un intento de sembrar miedo y justificar el trato inhumano hacia los migrantes”, afirmó.
Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, Florida ha adoptado una postura cada vez más severa frente a la inmigración irregular. Actualmente, los 67 condados del estado tienen acuerdos de cooperación con ICE, lo que ha incrementado las detenciones y la presión sobre los centros existentes, como el de Krome, donde familiares han denunciado condiciones precarias.
“Mi hermano está detenido en Krome y nos cuenta que no hay suficiente comida, que la gente duerme en el suelo o sentada. Es una situación inhumana”, aseguró Laura García, una residente del sur de Florida.
En febrero, DeSantis firmó una ley que permitía imponer cargos penales estatales a inmigrantes que ingresaran ilegalmente al estado, aunque la medida fue bloqueada por un juez federal. La idea de abrir un nuevo centro en una zona remota como los Everglades ha despertado aún más inquietud entre defensores de derechos humanos.
Fuente: Univisión Miami
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