Cuba ha alcanzado un nuevo récord de 1.176 presos políticos, según el más reciente informe de Prisoners Defenders (PD), publicado este jueves. La organización con sede en Madrid alertó sobre 25 nuevos encarcelamientos políticos en julio de 2025, una cifra que refleja el avance sostenido de la represión estatal contra ciudadanos que protestan pacíficamente.
El informe detalla que la mayoría de los detenidos no pertenecen a organizaciones opositoras, sino que son cubanos comunes que han salido a las calles para exigir libertades, mejores condiciones de vida y servicios básicos. “Las protestas en Cuba ya no son eventos aislados: se han convertido en una forma de resistencia constante contra un régimen represivo que no ofrece soluciones”, explicó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en diálogo con medios internacionales.
Uno de los casos más alarmantes fue el fallecimiento de Yan Carlos González, quien murió tras una prolongada huelga de hambre en protesta por su condena. Según PD, su encarcelamiento fue arbitrario, y su muerte expone la falta de atención médica y la indiferencia del sistema carcelario cubano.
El informe también señala la persistencia de detenciones prolongadas sin debido proceso, como ocurre con 17 manifestantes arrestados en marzo de 2024 en la provincia de Granma. Dieciséis de ellos recién conocieron sus peticiones fiscales más de un año después de su detención, una violación directa de las garantías procesales básicas.
Otra tendencia preocupante es la revocación de excarcelaciones previamente negociadas entre el régimen y la Iglesia Católica. Al menos cinco ex prisioneros han sido devueltos a prisión. Entre ellos se encuentra Marlon Brando Díaz Oliva, condenado a 18 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando tenía apenas 20 años. Su reclusión domiciliaria fue revocada recientemente por “motivos ideológicos”.
También fueron devueltos a prisión figuras reconocidas como José Daniel Ferrer, líder de UNPACU; Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel; y Donaida Pérez, activista yoruba. Sus casos ejemplifican cómo el régimen no solo reprime el activismo político, sino que utiliza el sistema judicial para prolongar su persecución.
Particularmente dramática es la situación de las 45 mujeres presas políticas que cumplen condenas en cárceles que el informe describe como “inmundas”. Según Prisoners Defenders, estas mujeres carecen de atención médica, higiene básica, ventilación adecuada y reciben tratos degradantes. Otras 79 mujeres se encuentran bajo régimen carcelario domiciliario, con vigilancia estricta y constantes amenazas.
“El sufrimiento de estas mujeres va más allá de los muros de la prisión: sus familias son hostigadas, sus hijos amenazados y ellas mismas intimidadas con perder la custodia gracias al nuevo Código de las Familias”, explicó Larrondo. Este código, aprobado en 2022, ha sido criticado por su posible uso político para retirar derechos parentales a opositores.
En su evaluación del sistema judicial cubano, Prisoners Defenders advierte que no existen garantías procesales independientes. El informe señala que los jueces, fiscales y abogados defensores dependen directamente del Partido Comunista, lo que elimina cualquier posibilidad de juicio justo.
En lugar de ser juzgados por tribunales imparciales, los acusados enfrentan procesos viciados, donde las decisiones son tomadas de antemano por la Seguridad del Estado. Los llamados “instructores penales” —agentes policiales sin formación judicial— son quienes definen las medidas cautelares, mientras que la fiscalía actúa como ejecutora directa de sentencias políticas.
“La estructura judicial cubana es una ficción legal: no hay separación de poderes, ni defensa efectiva. Es un sistema diseñado para legitimar la represión y fabricar culpables”, concluye el informe, que también cita múltiples condenas internacionales al sistema penal cubano.
(Con información de Infobae)
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