El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que ordena al Pentágono utilizar la fuerza militar contra ciertos cárteles de drogas latinoamericanos considerados organizaciones terroristas por su administración, incluso si estas operaciones se realizan fuera del territorio estadounidense. Esta medida representa la escalada más agresiva hasta ahora en la campaña contra el narcotráfico impulsada por Trump, y marca un cambio radical en el uso de las fuerzas armadas para combatir un problema que históricamente ha sido responsabilidad de las fuerzas del orden.
Según fuentes con conocimiento directo de las deliberaciones internas, oficiales militares ya trabajan en opciones para perseguir a estas organizaciones criminales en mar abierto y en países extranjeros. Aunque no se ha confirmado públicamente qué grupos serían objeto de estos ataques, la mayoría de los cárteles designados como terroristas —como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y organizaciones venezolanas como el Tren de Aragua— operan en México y América Latina.
Esta directiva abre la puerta a posibles operaciones militares directas contra los cárteles, pero también plantea importantes interrogantes legales. La posibilidad de que tropas estadounidenses actúen sin un conflicto armado formal autorizado por el Congreso y puedan causar víctimas civiles —incluyendo presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente— genera debates sobre si tales acciones podrían ser consideradas “asesinatos” y violar leyes nacionales e internacionales.
El Departamento de Defensa se ha negado a comentar sobre la directiva, mientras que la Casa Blanca, a través de su portavoz Anna Kelly, enfatizó que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria”, motivo por el cual se designó a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Sin embargo, el informe del New York Times destaca que aún no hay consenso sobre la viabilidad legal de esta estrategia.
Uno de los focos principales de la administración ha sido Venezuela, donde en febrero se designó al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) como grupos terroristas. Más recientemente, el Cártel de los Soles —ligado al régimen de Nicolás Maduro— fue añadido a la lista de organizaciones terroristas globales, y Estados Unidos duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano, acusado formalmente de narcotráfico.
El uso de la fuerza militar estadounidense contra cárteles marca una diferencia significativa respecto a las operaciones antidrogas previas en Latinoamérica, que usualmente se limitaban a apoyo a las fuerzas policiales locales. Por ejemplo, en 1989, el presidente George H.W. Bush envió tropas a Panamá para arrestar a Manuel Noriega, una acción que causó condenas internacionales por violar el derecho soberano.
Desde México, el periodista Ioan Grillo informó que el Ejército estadounidense ya realiza entrenamientos para una posible intervención militar en territorio mexicano, una idea que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rechazado tajantemente. Sheinbaum ha advertido que no permitirá ninguna invasión o presencia militar unilateral de Estados Unidos en México, señalando que tales acciones violarían la soberanía nacional.
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