Desde 2022, México ha desembolsado más de 2 mil millones de pesos para la contratación de médicos cubanos, según un convenio firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el gobierno de la isla. El objetivo declarado era cubrir plazas en especialidades médicas y llevar atención a zonas rurales o de difícil acceso. Sin embargo, hasta la fecha no existe forma de evaluar su desempeño, lo que ha generado críticas y exigencias de transparencia.
Un reportaje de El Universal reveló que las principales instituciones de salud del país —la Secretaría de Salud (SSa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS-Bienestar— se deslindan mutuamente de la responsabilidad de medir y reportar los resultados de los galenos cubanos. El IMSS aseguró que la evaluación corresponde a la SSa, mientras que esta última afirmó que la tarea recae en el IMSS-Bienestar. Por su parte, el IMSS-Bienestar dijo desconocer si existe documentación al respecto y consideró que no le corresponde realizar ese seguimiento.
El gasto por estos médicos no se limita a sus salarios. Según los datos publicados, el paquete incluye hospedaje seguro con electrodomésticos, dieta especial tres veces al día, chofer para el traslado a la unidad médica y atención personal las 24 horas. Todo esto, además de los pagos al gobierno cubano, que recibe el grueso del dinero y entrega solo una pequeña fracción a los profesionales, una práctica que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado como una modalidad de trata de personas.
Médicos cubanos que han participado en estas misiones han denunciado que son obligados a firmar contratos por varios años, que sus pasaportes son retenidos y que reciben amenazas de represalias contra ellos o sus familias en Cuba si no cumplen con las condiciones impuestas. Esta dinámica se ha repetido en países de América Latina, África y Europa, donde las “misiones médicas” de Cuba han sido cuestionadas por inflar estadísticas y presentar cifras de atención poco verificables.
En México, la falta de indicadores concretos alimenta las sospechas. Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, exigió al gobierno de Quintana Roo y a la Secretaría de Hacienda un informe completo sobre cuántos médicos cubanos están en activo, sus funciones específicas, las unidades médicas a las que están asignados y el monto total de sus viáticos.
Sánchez advirtió que, lejos de contribuir altruistamente, los médicos forman parte de una estrategia del régimen cubano para expandir su influencia política. “No han satisfecho los estándares internacionales de salud que México debe garantizar”, afirmó, señalando además que en Quintana Roo la calidad del servicio médico sigue siendo deficiente.
La controversia sobre la contratación de médicos cubanos no es nueva. Críticos del acuerdo insisten en que, además de la falta de transparencia y evaluación, el gasto millonario podría destinarse a mejorar las condiciones laborales y salariales de médicos mexicanos, evitando así la fuga de talento y fortaleciendo el sistema nacional de salud.
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