En La Habana, un caso de violencia de género que inicialmente fue ignorado por la policía terminó siendo tramitado gracias a la presión social y a la visibilización pública realizada por la periodista Claudia Rafaela Ortiz Alba.
El episodio reaviva la preocupación sobre la falta de respuestas institucionales en Cuba frente a una problemática que ya ha cobrado la vida de al menos 31 mujeres en lo que va de 2025, según plataformas independientes.
Todo comenzó cuando Ortiz Alba presenció cómo un hombre golpeaba a su pareja en plena calle. Un amigo suyo, Alejandro, intervino para proteger a la víctima, pero el agresor respondió amenazándolo con un arma blanca.
Ambos acudieron a la Estación de Policía de Zanja para denunciar, pero allí los oficiales se negaron a recibir la queja alegando que “solo la víctima podía hacerlo”. Esta postura generó indignación inmediata en redes sociales, donde la periodista relató lo sucedido y denunció la inacción policial.
La repercusión pública fue tal que, finalmente, las autoridades rectificaron y comenzaron a procesar la denuncia. Alejandro pudo presentar cargos por amenazas y desorden público, mientras que Ortiz Alba declaró como testigo de las agresiones físicas contra la mujer, subrayando que la ley cubana permite que cualquier persona que presencie un delito lo denuncie, independientemente de la voluntad de la víctima.
En un mensaje posterior, la periodista destacó la importancia del apoyo recibido por la comunidad: “Una denuncia pública permite muchas cosas, pero entre las más importantes, la prevención y la asistencia”. Asimismo, insistió en que la indiferencia social actúa como aliada del maltratador y que denunciar no es solo un derecho, sino un deber colectivo.
Este caso ha reabierto el debate sobre la carencia de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, donde no existen refugios, programas estructurados de apoyo ni un marco legal que garantice la protección de las víctimas.
Organizaciones feministas y observatorios independientes han insistido durante años en la necesidad de contar con mecanismos efectivos para prevenir feminicidios, pero hasta hoy no hay señales de voluntad política para implementar cambios sustanciales.
La negligencia policial en situaciones como esta aumenta la desconfianza ciudadana y alimenta la percepción de inseguridad. En un contexto de crisis social, la violencia machista se vuelve un problema aún más alarmante, y la falta de respuestas institucionales deja a miles de mujeres expuestas al riesgo de perder la vida a manos de sus parejas o exparejas.
El episodio ocurrido en La Habana es un recordatorio de que la sociedad civil, al alzar la voz, puede marcar la diferencia, pero también de que la urgencia de una ley integral contra la violencia de género en Cuba es inaplazable.
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