El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, exhortó recientemente a los ciudadanos a “controlar lo suyo” y asumir un papel más activo en la prevención del delito y la corrupción. “La mejor manera de apoyar es que cada cual controle lo suyo, que cada cual exija, que se cumpla lo que está establecido”, declaró el dirigente durante una reunión dedicada al análisis de la delincuencia, las indisciplinas sociales y los actos de corrupción.
El encuentro, que contó con la participación de altos oficiales del Ministerio del Interior (Minint), presentó un informe que asegura que las incidencias delictivas disminuyeron al cierre de septiembre. Sin embargo, la percepción popular contradice esas cifras, ya que la inseguridad, el robo y los delitos económicos siguen siendo parte del día a día en todas las provincias.
Marrero insistió en que la batalla contra el crimen no puede recaer únicamente en las fuerzas del orden. “La batalla no es de órganos especializados, esta batalla es de todo el mundo”, expresó, sugiriendo que los ciudadanos deben asumir responsabilidades directas en el control de la legalidad y la vigilancia.
El primer ministro reconoció el “esfuerzo de los combatientes del Minint” y su colaboración con el Partido Comunista y otras instituciones, aunque evitó mencionar las causas estructurales que alimentan el crecimiento de la delincuencia, como la crisis económica, la corrupción institucional y la falta de confianza ciudadana en las autoridades.
Entre los temas abordados destacaron los delitos económicos, especialmente el mal manejo de recursos estatales en almacenes y centros de elaboración, señalados como una de las principales fuentes de pérdidas y desvíos dentro del sistema. No obstante, el enfoque oficial volvió a centrarse en el control social antes que en reformas efectivas o transparencia administrativa.
El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, también intervino en la reunión, presentando medidas para combatir los delitos dentro del sector turístico, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre cómo se implementarán o qué resultados se esperan obtener.
Otro punto crítico fue la extracción ilegal de minerales, una práctica que, según las autoridades, deteriora los recursos naturales y agrava los problemas ambientales del país. Marrero pidió “más apoyo de todos los sectores de la sociedad” para enfrentar esta situación, pero omitió reconocer la falta de control estatal sobre actividades extractivas que prosperan bajo la complicidad de funcionarios y vacíos institucionales.
Pese a los anuncios, la respuesta del gobierno sigue siendo superficial. Marrero propone que cada ciudadano se haga responsable de su propia seguridad, una estrategia que para muchos evidencia la ineficacia del Estado en garantizar el orden público y combatir la corrupción.
Mientras el discurso oficial insiste en que “todo está bajo control”, la realidad cotidiana de los cubanos —marcada por robos, delitos económicos y creciente desconfianza en las instituciones— revela que la crisis de legalidad en Cuba va mucho más allá del llamado a la responsabilidad individual.
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