Un nuevo estudio del observatorio independiente Food Monitor Program (FMP) advierte sobre la creciente precarización alimentaria en Cuba, situando fuera del alcance de la mayoría de los hogares una dieta mínimamente saludable.
Según sus cálculos, “dos adultos viviendo en La Habana necesitarían al menos 41.735 pesos cubanos para cubrir una dieta apenas suficiente”, cifra equivalente a casi 20 salarios mínimos o dos años de pensiones mínimas, de acuerdo con los ingresos oficiales del país.
El informe, centrado en la canasta básica alimentaria (CBA), concluye que su precio “se muestra inalcanzable para la mayoría de las familias cubanas”, incluso cuando el diseño redujo al mínimo la variedad y calidad nutricional. Para abaratarla, “se priorizaron alimentos procesados y menos nutritivos, se limitó la variedad de alimentos frescos y no se consideraron los costos de servicios para la cocción”.
Durante seis meses, FMP monitoreó 29 productos de ocho grupos alimentarios en redes estatales y privadas, elaborando una canasta pensada para dos adultos jóvenes y saludables, en función de la disponibilidad y los precios de alimentos más consumidos en La Habana y Cienfuegos.
El estudio conecta estos datos con la Encuesta de Seguridad Alimentaria 2024, que refleja un fuerte desajuste entre ingresos formales y gasto en comida: más del 80% de los hogares gasta más de lo que gana en alimentación, solo el 25% puede pagar más de 10.000 CUP al mes, y el 70% depende de uno o dos ingresos formales.
En consecuencia, sostiene el observatorio, “la gran mayoría de los hogares cubanos no tiene cómo asegurar una dieta mínimamente saludable, y sobrevive con una dieta altamente repetitiva, escasa en fibra, pobre en micronutrientes y dependiente de alimentos ultraprocesados”. La subalimentación prolongada, advierte, provoca “hambre oculta” y afecta el desarrollo físico y cognitivo, además de aumentar la exposición a enfermedades carenciales.
FMP subraya que la canasta básica alimentaria debería servir como base para fijar salarios mínimos y políticas de protección social, pero en Cuba “el consumo no refleja elección, sino carencia… se estructura según lo que el Estado permite o el mercado impone”.
El informe propone repensar la CBA no solo como un cálculo técnico, sino como una herramienta ética y política, que sirva como “indicador de urgencia social” y garantice el derecho a una alimentación adecuada.
El comunicado concluye con un llamado a visibilizar las condiciones estructurales que condicionan la dieta de los hogares cubanos y a reconocer la alimentación como un derecho fundamental.
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