El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su Informe Nacional sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024 dedicado a Cuba, en el que denuncia la persistente represión del régimen de Miguel Díaz-Canel y la ausencia de medidas efectivas para sancionar a los responsables de abusos contra la población.
El documento señala que el gobierno cubano no ha tomado acciones creíbles para investigar, procesar o castigar a funcionarios implicados en violaciones graves de derechos humanos, lo que, según Washington, alimenta una cultura de impunidad estructural.
El informe recoge denuncias de ejecuciones arbitrarias e ilegítimas atribuidas a las fuerzas de seguridad, citando datos de la ONG Cubalex, que registró 56 muertes bajo custodia entre enero de 2022 y enero de 2024. También se reportan desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles contra presos y opositores.
Organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders y Human Rights Watch coinciden en que estos abusos se cometen sin consecuencias judiciales. Los defensores de derechos humanos, disidentes y manifestantes han sido blanco de acoso, intimidación y agresiones físicas por parte de agentes del Estado.
En materia de libertad de prensa y expresión, el informe subraya que el régimen mantiene restricciones severas y mecanismos de censura que castigan el disenso. Se destaca el caso del periodista Julio Aleaga Pesant, sancionado por “propaganda enemiga” debido a publicaciones críticas en redes sociales.
Según organizaciones independientes, en el último año se registraron 99 detenciones arbitrarias y 179 incidentes de amenazas o agresiones contra periodistas ciudadanos. Además, la represión y el exilio forzado se han utilizado como herramientas para silenciar medios y voces independientes.
El informe critica que, aunque la Constitución cubana contempla protecciones a los derechos humanos, estas no se aplican en la práctica. La detención preventiva prolongada es habitual, con casos de personas retenidas durante meses o años sin juicio.
Se menciona que cientos de detenidos por las protestas de julio de 2021 seguían en prisión en marzo de 2024. Asimismo, algunos manifestantes arrestados en movilizaciones recientes permanecen privados de libertad sin cargos formales.
El Departamento de Estado concluye que el patrón de represión en Cuba es sostenido y sistemático, y que las autoridades continúan actuando contra cualquier forma de disidencia política o social. La falta de independencia judicial, sumada al control absoluto del Partido Comunista sobre las instituciones, deja a las víctimas sin recursos efectivos para obtener justicia.
(Prácticas de derechos humanos 2024: Cuba)
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