La exjueza cubana Melody González Pedraza está a un paso de ser deportada a Cuba tras más de cuatro meses de permanencia temporal en Estados Unidos. Según confirmó su primo Roberto Castellón al medio independiente Diario de Cuba, la salida podría concretarse este mismo jueves 25 de septiembre, poniendo fin a un proceso legal marcado por la controversia y la división de opiniones.
González, expresidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada (Villa Clara), llegó a EE.UU. en mayo de 2024 bajo el programa de parole humanitario. Sin embargo, apenas días antes había dictado duras condenas contra cuatro jóvenes cubanos sin pruebas suficientes, decisión que ella misma admitió haber tomado bajo presión de la Seguridad del Estado.
Su historial pesó más que su testimonio de arrepentimiento y tanto su solicitud de asilo como su permanencia legal fueron finalmente denegadas.
La situación también afecta a su hermano Ruber González Pedraza, detenido esta semana mientras dejaba a su hija en un daycare. Ruber, exestudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) —institución señalada como brazo tecnológico del régimen— sería igualmente deportado en breve. Su pasado académico y la administración de un blog oficialista en defensa de los “Cinco Espías” habrían reforzado la decisión en su contra.
El caso ha desatado un fuerte debate en el exilio cubano. Para algunos, González es una víctima más del sistema que la utilizó como instrumento represivo y luego la dejó expuesta. Para otros, en cambio, se trata de una victimaria que no merece amparo, como sostuvo el abogado Santiago Alpízar, de la organización Cuba Demanda: “Ella víctima no es. Posiblemente le den una medalla cuando regrese a Cuba”.
De ser devuelta a la Isla, analistas advierten que la exjueza podría enfrentar desde procesos judiciales por “propaganda enemiga” hasta campañas de descrédito y vigilancia policial. No obstante, otros creen que, lejos de represalias, su regreso sería más bien tolerado por el propio régimen.
La inminente deportación de Melody González vuelve a poner sobre la mesa un dilema moral y político: ¿hasta qué punto deben Estados Unidos y el exilio abrir sus puertas a exfuncionarios del aparato represivo cubano que piden protección, alegando arrepentimiento, pero con un historial manchado por decisiones contra la libertad y los derechos humanos?