La crisis energética en Cuba continúa afectando de manera directa a millones de hogares que dependen del gas licuado para cocinar. Tras una breve reanudación del servicio en junio, la venta del producto volvió a suspenderse a inicios de julio debido a dificultades para acceder al suministro.
La propia CUPET confirmó que en agosto no habrá disponibilidad de keroseno ni distribución de alcohol, lo que elimina alternativas usadas por muchas familias para encender fogones.
El antecedente inmediato se remonta a mayo, cuando el servicio fue interrumpido por falta de disponibilidad. La llegada de un buque con GLP permitió una recuperación parcial en junio, pero las entregas apenas cubrieron entre el 50 % y el 66 % de la demanda provincial. Desde entonces, no se han registrado nuevas descargas listas para la venta, en espera de que se concreten pagos a proveedores internacionales.
"La prolongada escasez obliga a miles de familias a recurrir a la leña, el carbón o cualquier otro medio para cocinar, una práctica que se agrava por apagones que en varios territorios superan 18 horas diarias", denuncian habitantes en redes sociales. Esta situación también afecta tareas esenciales como hervir agua para el consumo seguro, aumentando el riesgo sanitario.
En la calle, crece el malestar por lo que consideran explicaciones repetitivas y falta de transparencia. Algunos señalan que mientras en los puntos de CUPET que venden petróleo en divisas nunca falta el combustible, la población que paga en moneda nacional enfrenta meses sin acceso al gas licuado.
"No es posible que tengamos gas cada 4 o 5 meses. Es el combustible con el que nos alimentamos, hervimos agua para no enfermarnos… No se puede normalizar que lo tengamos solo cada 5 meses", lamentó un residente.
Aunque las autoridades argumentan que las dificultades para adquirir combustibles responden a limitaciones financieras y restricciones externas, el desabastecimiento se ha vuelto recurrente.
Este patrón erosiona la estabilidad del servicio y eleva el precio de los pocos cilindros que logran llegar al mercado, generando un impacto social que se extiende desde los centros urbanos hasta las comunidades rurales.
"El incremento de precios —de 7 a 180 pesos en el gas normado— sin una garantía de abastecimiento estable profundiza la crisis doméstica y obliga a la población a buscar soluciones improvisadas que resultan más costosas y menos seguras", señalan analistas energéticos.
Mientras no se logre un suministro sostenido y diversificado, millones de cubanos seguirán afrontando jornadas enteras sin posibilidad de cocinar con medios seguros, dependiendo de recursos cada vez más escasos y costosos para satisfacer una necesidad básica como es la alimentación diaria.
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